Deepfakes y delitos digitales: investigan casos de sextorsión en La Plata y producción de contenido con IA en Salta

Una denuncia por sextorsión en La Plata y un detenido en Salta por generar imágenes con IA reactivan el debate sobre vacíos legales y herramientas judiciales.

La Justicia Penal de La Plata investiga una denuncia por presunta sextorsión que tiene como víctima a una joven de 18 años de Berisso. Según se informó en el programa Hechos y Derecho, la situación se inició tras un pedido de contacto en Instagram que la joven no aceptó. A partir de allí, comenzaron a llegarle mensajes con material íntimo que ella había compartido tiempo atrás con una expareja, lo que derivó en una denuncia formal ante la fiscalía.

De acuerdo con lo relatado en la emisión de Keops FM 90.1, la víctima fue incorporada luego a un grupo de WhatsApp donde detectó la participación de múltiples usuarios, algunos con números telefónicos de distintos países. La causa se encuentra en etapa de investigación y busca determinar la posible circulación de material íntimo y la eventual comisión de delitos vinculados a la sextorsión o difusión no consentida de imágenes.

En paralelo, en la provincia de Salta, un hombre fue detenido en el marco de una causa en la que se investiga la presunta generación y comercialización de imágenes de contenido sexual mediante inteligencia artificial. Según lo informado, utilizaba rostros de mujeres conocidas en ámbitos académicos y sociales para producir ese material. Se habla de numerosas posibles víctimas, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial.

Consultada sobre estos casos, la abogada Laura Bonhote explicó que, si bien en Argentina hubo avances normativos en materia de delitos informáticos, aún existen vacíos legales frente a fenómenos como los deepfakes. “No tenemos una norma que tipifique expresamente la creación, distribución o tenencia de deep fakes”, señaló. Y agregó: “Se trata de materiales sintéticos que utilizan la cara de una persona física y la colocan en una situación que no existió”.

Bonhote indicó que, ante la falta de una figura penal específica, las fiscalías recurren a encuadres existentes, como la difusión de material pornográfico o afectaciones a la integridad. “Hay como toda una ingeniería jurídica para intentar encuadrar estos supuestos como delictivos cuando el Código quizás no lo reconoce expresamente”, sostuvo. También remarcó que el impacto no se limita a lo físico: “Esto no solamente afecta a la integridad, sino también aspectos que hacen a la salud mental de las víctimas”.

En cuanto a la prevención, la especialista destacó la necesidad de trabajar en educación digital y programas de concientización. “Es muy importante impulsar estos tipos de programas para que los aspectos referentes a alfabetización y los riesgos del uso problemático de la tecnología lleguen desde temprana edad”, afirmó. Además, mencionó la importancia de enfoques como la justicia restaurativa en casos que involucran a menores, para reconstruir vínculos sociales afectados.