Preocupación por AYSA: alertan sobre costos, controles y privatización
Usuarios de AYSA cuestionan cambios en el marco regulatorio, alertan sobre tarifas y celebran la medida judicial que obliga a sostener obras
Leonardo Pérez Esquivel, usuario de AYSA en San Isidro, se refirió al fallo judicial que ordena garantizar el plan de obras de la empresa y cuestionó aspectos clave del nuevo esquema de gestión. En diálogo con Martín López Lastra en el programa El Enfoque Provincial por Keops FM 90.1, destacó que la medida cautelar “vuelve a plantear que hay cosas que hay que revisar” dentro del proceso en curso.
El entrevistado explicó que la resolución obliga a sostener lo previsto en el plan director anterior. “Lo que dice es que lo que estaba previsto en el plan director anterior se siga ejecutando”, afirmó. En ese sentido, advirtió que el nuevo marco regulatorio, modificado por decreto, eliminó el reconocimiento del “derecho humano al agua” y flexibilizó controles de calidad. “Se eliminaron parámetros estándar que se venían monitoreando para abaratar costos”, sostuvo.
Pérez Esquivel también cuestionó el cambio en el esquema de financiamiento de obras dentro de la gestión del servicio. Según indicó, el Estado se retira del financiamiento de grandes proyectos y esos costos pasan a los usuarios. “Cada obra va a tener financiamiento tarifario, o sea que todo ese costo lo paga el usuario”, señaló. Además, advirtió sobre un posible aumento en la rentabilidad exigida a la concesionaria: “En otros países es del 6% promedio, pero acá la suben a 10 o 12%”.
En relación al proceso de privatización, el referente de usuarios manifestó su rechazo y alertó sobre antecedentes. “Estamos en contra de la privatización porque es un servicio público, no puede transformarse el agua en un commodity”, afirmó. También cuestionó la falta de información sobre la valuación de la empresa: “No sabemos sobre qué base están calculando, porque esos datos están en el pliego licitatorio reservado”.
Por último, valoró el fallo judicial como una herramienta para visibilizar la situación y avanzar en instancias de debate institucional. “Esta cautelar nos permite ahora informar mejor y seguir impulsando iniciativas para que haya una audiencia pública sobre el tema”, concluyó.
