Migraciones y seguridad: analizan el alcance del decreto sobre inadmisión y expulsión de extranjeros
El especialista Ricardo Ferrer Picado explicó los criterios del decreto que refuerza causales de inadmisión por delitos como incitación a la violencia o ultraje a símbolos patrios.
El analista internacional y ex director nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado, analizó el alcance del decreto que establece nuevas precisiones sobre la inadmisión y eventual expulsión de extranjeros en Argentina. Según explicó, la medida no introduce figuras nuevas sino que “reafirma capacidades que el Estado Nacional ya tenía”.
En diálogo con el programa Hechos y Derecho de Keops FM 90.1 de La Plata, Ferrer Picado señaló que el decreto vincula causales migratorias con conductas tipificadas en el ordenamiento penal. “Las mismas causales para no dejar ingresar o expulsar a un extranjero son las que configuran delitos, como mensajes de odio, incitación a la violencia o discriminación”, afirmó.
En ese sentido, mencionó que el ultraje a símbolos patrios está contemplado en el artículo 222 del Código Penal. “Tiene una pena de uno a cuatro años de prisión para quien ultrajare la bandera, el escudo o el himno nacional”, precisó. Y agregó que estos hechos pueden darse tanto de forma física como verbal, siempre que exista una manifestación pública.
Sobre la aplicación del decreto, el especialista explicó que la inadmisión puede darse si existen pruebas de esas conductas previas. “Si alguien busca ingresar al país y hay evidencia de que incurrió en estos actos, es legítimo que el Estado pueda impedir su ingreso para proteger la paz social”, sostuvo.
Consultado sobre posibles zonas grises, Ferrer Picado aclaró que la norma resguarda la libertad de expresión. “En ningún caso se aplicará a expresiones de disenso ideológico, crítica política, académica o periodística, que están protegidas por la Constitución”, indicó. Además, remarcó que cualquier medida requiere intervención judicial: “No es el Ejecutivo el que decide la expulsión, sino la Justicia, garantizando el derecho de defensa”.
Respecto al trámite legislativo, consideró que el decreto tendrá aprobación en la comisión bicameral. “Se trata de proteger la soberanía, la seguridad y la paz social”, afirmó. Y subrayó que el país mantiene el derecho de determinar quién ingresa y permanece en su territorio, siempre bajo control judicial.
Por último, al ser consultado sobre posibles efectos internos, señaló que las conductas vinculadas a símbolos de otros países podrían ser evaluadas en el marco de otras figuras legales. “Podría ser pasible de alguna sanción o revisión, por ejemplo si implica incitación a la violencia”, concluyó.
