Pablo Manili: “Vamos a seguir adelante hasta que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario”
El abogado constitucionalista explicó el avance de las causas judiciales contra el Gobierno nacional y advirtió que todavía no puede garantizarse cuándo se aplicará el aumento del presupuesto universi
Pablo Manili, abogado constitucionalista y patrocinante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario, aseguró que continuará impulsando las acciones judiciales para que el Gobierno nacional cumpla con la normativa. “Vamos a hacer todo lo posible, no vamos a aflojar, vamos a seguir adelante hasta que el gobierno cumpla con la ley”, afirmó durante una entrevista en El Enfoque Provincial, por Keops FM 90.1 de La Plata, con la conducción de Martín López Lastra.
El letrado explicó que existen dos vías judiciales en paralelo. Por un lado, una medida cautelar que busca garantizar el cumplimiento inmediato de los artículos vinculados con los salarios docentes y las becas estudiantiles. Según detalló, la Justicia hizo lugar al planteo en diciembre, la Cámara confirmó la resolución en marzo y la Corte Suprema también les dio la razón en junio. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno no cumplió con esas decisiones y que fue necesario iniciar una ejecución judicial. En ese marco, un nuevo fallo intimó al Ejecutivo a cumplir bajo apercibimiento de establecer una multa diaria por cada jornada de demora.
Manili señaló que el Gobierno apeló la resolución, pero que el juez rechazó ese recurso por considerar que no correspondía y otorgó un plazo adicional de cinco días. Ese plazo venció, aunque el abogado indicó que todavía debía revisar una nueva presentación de los representantes legales del Estado antes de definir los próximos pasos. En paralelo, confirmó que obtuvieron una sentencia favorable en la acción de fondo, mediante la cual reclaman el cumplimiento de la totalidad de la ley. No obstante, anticipó que el Gobierno probablemente apelará esa decisión, dictada en primera instancia.
Consultado sobre la posibilidad de que las resoluciones judiciales se traduzcan en un aumento inmediato de los fondos para las universidades, Manili fue cauto: “No lo puedo asegurar”. Explicó que, según la legislación vigente, las sentencias contra el Estado son declarativas y no se ejecutan de la misma manera que las dictadas contra particulares. También aclaró que, en este caso, no considera viable un embargo para garantizar el pago y que el reclamo continuará mediante pedidos de ejecución e intimaciones judiciales. Sobre una eventual multa, indicó que desde 2013 no puede imponerse directamente al funcionario responsable y que debe aplicarse al Estado, por lo que el costo recaería sobre el conjunto de la sociedad.
Finalmente, el abogado defendió el financiamiento universitario como una cuestión que excede los reclamos salariales y las becas. “Nosotros estamos defendiendo un valor superior que es la educación pública universitaria gratuita. Es un mandato constitucional”, sostuvo. Además, convocó a participar de la marcha prevista para el 15 de octubre y afirmó que, a su entender, existe “un plan deliberado del gobierno de atacar la educación, la ciencia y la tecnología”, al vincular la situación de las universidades con la de organismos como el INTA, el INTI y el CONICET.
